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El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno a otorgar, en un plazo de cinco días, el cumplimiento total de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario en los artículos 5 y 6, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas estudiantiles.
La resolución, a la que tuvo acceso Clarín, fue difundida esta tarde y era ampliamente esperada por las universidades nacionales, que semanas atrás solicitaron una intimación judicial debido al incumplimiento. La medida cautelar, dictada en diciembre pasado por el mismo juez Cormick, recibió el aval de la Cámara de Apelaciones en marzo y quedó firme luego de un fallo de la Corte Suprema emitido el 25 de junio.
«En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y constatando que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora,» señaló el juez Cormick en su fallo.
Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de Rosario, declaró a Clarín: «Es una excelente noticia, algo que habíamos solicitado ante el incumplimiento de la cautelar que está firme. Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados.» Añadió que continuarán actuando «con mucha responsabilidad y firmeza hasta que la ley se cumpla integralmente.»
Las universidades y los gremios del sector estiman que se adeuda una recomposición salarial del 31,2%. El Gobierno, por su parte, ofreció un aumento del 3% en la última paritaria, lo que motivó la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre y diversas medidas de fuerza gremiales, incluyendo un paro docente este martes.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada en 2025 en el Congreso, aunque inicialmente el entonces presidente Javier Milei ejerció el veto presidencial. Sin embargo, el Parlamento insistió en la norma con la aprobación por dos tercios de los votos en ambas cámaras, culminando con una votación contundente en el Senado el 2 de octubre de 2025: 58 votos a favor contra 7 opositores.
No obstante, el Ejecutivo promulgó la ley pero suspendió su aplicación argumentando la falta de fuentes de financiamiento especificadas. Fue entonces cuando las universidades nucleadas en el CIN iniciaron una demanda judicial.
El juez Cormick aún debe resolver sobre la cuestión de fondo, referente a la constitucionalidad del decreto presidencial que suspendió la ley, pero en diciembre dictó una medida cautelar para su aplicación inmediata en los artículos 5 y 6, exigiendo el pago de la recomposición salarial y de becas. En ese momento, consideró que negar la medida implicaría un ahorro presupuestario “poco significativo” y citó estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso que fijan el impacto fiscal de la ley en un 0,23% del PBI.
Durante el proceso, la ejecución de la medida cautelar fue suspendida en 2026 a la espera del fallo definitivo de la Corte Suprema, que rechazó la última apelación del Gobierno el 25 de junio, dejando la orden judicial firme.
Desde entonces, las universidades solicitaron al juez que intime el cumplimiento de la medida. Por su parte, el Gobierno desplegó una inusual estrategia jurídica, litigando contra las universidades públicas y contra una ley aprobada e insistida por mayoría calificada, presentando múltiples recursos. En las últimas audiencias, alegó estar aplicando parcialmente la ley, basándose en un acuerdo paritario del 10 de junio último que contempló una recomposición salarial del 24,3%. Sin embargo, el juez rechazó estos argumentos y ahora avanza en la ejecución de la sentencia cautelar.
En paralelo, continúa la disputa en el ámbito legislativo por los fondos destinados a 2027. Las universidades presentaron un presupuesto que supera los 11 billones de pesos para salarios y funcionamiento, mientras que el proyecto oficial, que comenzará a debatirse en el Congreso en octubre, asigna 7,2 billones. Este monto no contempla el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
