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El gobierno de Estados Unidos designó este jueves al Cártel de Juárez y al grupo Los Viagras, ambos activos en México, como organizaciones terroristas extranjeras, informó el Departamento de Estado en Washington.
Esta decisión se suma a una serie de medidas impulsadas por la administración Trump contra estructuras del narcotráfico mexicano y amplía las herramientas disponibles para las fuerzas de seguridad estadounidenses en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
La medida permite aplicar sanciones financieras contra personas y entidades vinculadas a estos grupos, además de restringir su acceso a recursos que podrían ser utilizados para sus operaciones. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que ambas organizaciones fueron incluidas en la lista por considerarlas grupos violentos vinculados a ataques contra ciudadanos estadounidenses, fuerzas de seguridad mexicanas y civiles.
Uno de los episodios mencionados por las autoridades estadounidenses fue el ataque ocurrido el 4 de noviembre de 2019 en Sonora, cuando un grupo armado asesinó a nueve integrantes de una familia estadounidense de origen mormón, entre ellos tres mujeres y seis niños. El hecho ocurrió cuando la familia viajaba en una camioneta por una zona rural del norte de México y generó una fuerte repercusión en ambos lados de la frontera. Según Washington, el ataque estuvo relacionado con La Línea, una facción asociada al Cártel de Juárez.
Esta nueva designación forma parte de una estrategia iniciada por el gobierno de Donald Trump, quien tras regresar al poder impulsó una política más dura contra las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En febrero de 2025, Estados Unidos ya había incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel del Noreste, a la Nueva Familia Michoacana y a Cárteles Unidos.
La medida implica restricciones financieras y permite aplicar sanciones contra personas y entidades relacionadas con estos grupos. Según el Departamento de Estado, estas designaciones buscan “aislar” a las organizaciones y limitar su acceso a recursos económicos utilizados para sus operaciones.
La decisión reabre el debate sobre el alcance de la política estadounidense frente al narcotráfico. Mientras Washington sostiene que la categoría de “narcoterrorismo” permite una respuesta más efectiva contra estas organizaciones, diversos especialistas y organizaciones internacionales cuestionan el uso de esta figura debido a sus posibles implicancias legales.
Por su parte, el gobierno mexicano mantiene una postura contraria a cualquier intervención militar estadounidense dentro de su territorio y sostiene que la cooperación bilateral debe respetar la soberanía nacional.
La designación de estos cárteles mexicanos se da en el marco de una ofensiva más amplia de Estados Unidos contra grupos criminales de América Latina, que también abarca organizaciones en Venezuela, Colombia y Brasil.
