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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó una medida cautelar y habilitó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por Javier Milei, el gobernador de Misiones presentó una acción judicial para restablecer las restricciones a la venta de tierras a extranjeros.
Esta iniciativa surge luego de que la propia Corte Suprema aclarara que su sentencia no impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras pueda solicitar una medida cautelar, cuya aceptación dependerá de un juez competente.
Hugo Passalacqua, gobernador de Misiones, informó que la presentación será realizada por la Fiscalía de Estado provincial. En sus redes sociales, afirmó: «Fiel a la postura que siempre sostuvimos en defensa de nuestro territorio y recursos naturales, y ante el reciente fallo de la Corte Suprema que habilita la libre adquisición de tierras a extranjeros, instruí al Fiscal de Estado iniciar las acciones judiciales pertinentes para resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad y por todas las vías correspondientes».
El mandatario subrayó que, con más del 90% de su frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una economía centrada en el pequeño productor, «no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido. Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente».
Previamente, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot habían presentado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras Rurales. Massot afirmó que «la tierra y el agua son recursos estratégicos, escasos y no renovables. Una decisión de esta magnitud no puede quedar librada a la voluntad unilateral del Poder Ejecutivo: tiene que ser discutida y definida por el Congreso de la Nación».
La controversia comenzó cuando la Corte Suprema revocó un fallo que frenaba la derogación de la Ley de Tierras, dejando vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que eliminó las restricciones específicas para que extranjeros adquieran tierras rurales.
El fallo resultó sorpresivo, dado que el gobierno de Milei había intentado modificar nuevamente la Ley a principios de agosto. Debido a la presión social y a la oposición de aliados del oficialismo en el Senado, se eliminó del proyecto el capítulo sobre el porcentaje de tierras susceptibles de venta a extranjeros, una medida impulsada en varias ocasiones por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Finalmente, Patricia Bullrich retiró ese apartado y el Ejecutivo aprobó la ley de «propiedad privada» sin incluir cláusulas sobre extranjerización.
Aunque en un principio se entendía que el tema estaba cerrado, la sentencia de la Corte reavivó la polémica, generando un fuerte rechazo y críticas a los magistrados. Incluso se produjo una manifestación contra Carlos Rosenkrantz durante su participación en el “XXVI Encuentro de Jueces de Tribunales Orales” en San Martín de los Andes.
En este contexto, la oposición en la Cámara de Diputados se organiza para intentar revertir el decreto, que ya cuenta con el rechazo del Senado. Mientras el oficialismo y sus aliados advierten que una intervención inmediata podría provocar un caos procesal, evalúan estrategias para desactivar la iniciativa opositora.
Sin embargo, la oposición aún no cuenta con los apoyos suficientes, ya que le faltarían al menos 15 diputados para reunir el quórum necesario y avanzar en la derogación del DNU 70/2023, que ha modificado varias normativas vigentes.
