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Este viernes, la jueza María Eugenia Capuchetti inició la ronda de indagatorias a 34 políticos y periodistas involucrados en la causa del Vacunatorio VIP, acusados de recibir vacunas contra el Covid-19 en 2020 de manera irregular. En ese marco, la Corte Suprema avaló el avance hacia el juicio oral de un exdiputado nacional vinculado a este caso.
Capuchetti tomó ayer declaración a una médica que presentó documentación sobre su ejercicio profesional. En los próximos días, continuará con las indagatorias al ex presidente Eduardo Duhalde, al diputado kirchnerista Eduardo Valdés, al ex ministro de Defensa Jorge Taiana y al periodista Horacio Verbitsky, entre otros.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron como inadmisible un recurso presentado por la defensa, que proponía evitar el juicio mediante una donación de tres millones de pesos al hospital local.
El proceso judicial está dirigido contra Santiago Nicolás Igón, diputado nacional por Chubut en los períodos 2015-2019 y 2019-2023, acusado de aceptación indebida de dádivas. En febrero de 2021, Igón recibió dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital Zonal de Esquel, pese a que en ese momento sólo se inmunizaba al personal de salud, conforme al operativo oficial. Este hecho se investiga dentro de la misma causa por el llamado “vacunatorio vip” que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó tanto a Igón como a Carlos Emiliano Biondo, funcionario responsable de supervisar el operativo de vacunación en ese momento. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esta decisión.
Según consta, Igón, de 43 años en ese entonces, había declarado en el registro “Vacunate Chubut” presentar dos factores de riesgo: obesidad y diabetes. Sin embargo, durante su vacunación, habría invocado su condición de diputado, según la denuncia.
En septiembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia autorizó que Igón realizara una reparación integral del daño, propuesta por la defensa, mediante el pago de tres millones de pesos al Hospital Provincial de Chubut en Esquel. La fiscalía apeló esta resolución, y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció a favor de mantener el procesamiento, en base a antecedentes, el rechazo del Ministerio Público y los fundamentos del tribunal oral sobre la extinción de la acción penal. Finalmente, la defensa presentó un recurso ante la Corte Suprema, que fue desestimado por inadmisible, lo que habilita la realización del juicio oral.
