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La política en General Rodríguez fue sacudida por un escándalo policial que derivó en un verdadero papelón institucional. El secretario de Seguridad del municipio, perteneciente al peronismo, denunció al concejal del mismo partido, Javier Tarragona, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, ante la falta de pruebas, el fiscal archivó la causa y el funcionario denunciante presentó su renuncia.
El 11 de agosto, Nicolás Rappazzo Demarchi, secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de General Rodríguez, se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 12 de Moreno-General Rodríguez, a cargo de Ezequiel Freider, para realizar una denuncia. En ella, acusó al concejal Javier Tarragona de integrar una asociación ilícita dedicada al tráfico de estupefacientes en el partido, basándose únicamente en el relato anónimo de un vecino que se negó a proporcionar sus datos por temor a represalias.
La denuncia causó revuelo, no solo por involucrar a un funcionario y legislador del mismo espacio político que gobierna el municipio, sino también porque Tarragona fue secretario privado del actual intendente Mauro García. En el escrito, Rappazzo afirmaba que la presunta banda operaba desde el country Terravista y aportaba detalles sobre vehículos y líneas telefónicas usadas por el concejal para comunicarse con supuestos “capos narcos”. Además, solicitó diversas medidas urgentes, como el control de ingresos y egresos al country, registros telefónicos y datos patrimoniales de Tarragona.
Ante la acusación, Tarragona pidió licencia en el Concejo Deliberante y se presentó ante la Justicia. Allí aportó su tarjeta SIM y el código de desbloqueo de su teléfono móvil para colaborar con la investigación. El intendente García, sorprendido por la situación, manifestó públicamente su confianza en el concejal.
Después de tomarle declaración al denunciante, el fiscal Freider archivó la causa a los 17 días al constatar que “no se aportó nueva ni mayor información” más allá del relato anónimo inicial. En su resolución, el fiscal señaló que ni la denuncia ni su ratificación contenían elementos relevantes que permitieran acreditar los hechos. Además, explicó que la denuncia presentaba graves fallas, como la ausencia de una temporalidad precisa, nombres o datos identificatorios de otros presuntos integrantes de la banda.
El archivo de la causa y las críticas al secretario de Seguridad, quien proviene de una reconocida familia judicial y trabajó en el Poder Judicial entre 2008 y 2024, marcaron un punto de inflexión. El mismo día en que se decidió el archivo, Rappazzo presentó su renuncia al cargo.
En el Concejo Deliberante, se espera que Tarragona retome su banca en la próxima sesión, tras no asistir durante todo agosto. En tanto, desde el Ejecutivo municipal descartaron que el episodio haya sido producto de una interna política, aunque cuestionaron fuertemente la presentación realizada sin pruebas concretas.
Silvia “Chyfu” Figueiras, presidenta del Concejo y esposa del intendente, defendió a Tarragona señalando que es “un compañero conocido desde hace muchos años” y cuestionó al secretario de Seguridad por su falta de fundamentos al hacer la denuncia. “No hay que usar la Justicia tan banalmente. Es algo tan delicado y una herramienta necesaria. Hay que tomárselo con seriedad tanto en el rol de funcionario como en el de Justicia”, afirmó ante la prensa local.
