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El Gobierno de Estados Unidos instó este miércoles a la comunidad internacional a suspender el comercio con Nicaragua tras la reforma constitucional que busca fortalecer el control del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y que, según Washington, privará al país de elecciones libres.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que con la aprobación de la enmienda en primera legislatura, la Asamblea Nacional, dominada por Ortega y Murillo, «socavó la fachada democrática de Nicaragua» para «consolidar su dinastía ilegítima y negar indefinidamente a los nicaragüenses la posibilidad de elecciones libres y justas».
«Estados Unidos insta a sus aliados internacionales a poner fin inmediato a las operaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura», afirmó Rubio.
El funcionario agregó que «las dictaduras que violan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deben gozar de los mismos beneficios económicos o políticos que los gobiernos comprometidos con la paz y la seguridad en el hemisferio».
Rubio, el primer latino en ocupar este cargo, advirtió que «la guerra de Murillo y Ortega contra la democracia representa una amenaza para la estabilidad y prosperidad regionales».
«La Administración Trump mantiene su compromiso de identificar e implementar medidas para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por Murillo y Ortega, incluso en espacios como la Organización de los Estados Americanos (OEA). Respaldamos el derecho de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país», concluyó.
Hace dos semanas, el Consejo Permanente de la OEA aprobó la convocatoria a una reunión de cancilleres para analizar la situación en Nicaragua.
La declaración de Rubio se produce un día después de que el Parlamento nicaragüense aprobara en primera legislatura —de dos requeridas— una reforma constitucional que impide la participación en cargos electivos a los llamados «traidores a la patria» y extiende a siete años el mandato presidencial.
La enmienda es impulsada por Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna desde 2007. Desde 2017, dirige el país junto a Rosario Murillo como copresidenta, tras una reforma constitucional de 2015.
Tras su avance, las nuevas disposiciones deberán ser ratificadas por la próxima legislatura de la Asamblea Nacional nicaragüense (que ejercerá de enero de 2027 a diciembre de 2031) para entrar en vigor.
Nicaragua tenía previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero la extensión del mandato presidencial las postergaría hasta noviembre de 2027.
Estados Unidos acusa al Gobierno de Managua de reprimir y perseguir a la oposición y de debilitar las estructuras democráticas, motivo por el cual ha impuesto sanciones a funcionarios e instituciones oficiales.
